"Llamativo retraso en el caso Skanska"

Publicado en La Nación del 8/1/11.

A la luz de los casi cuatro años transcurridos desde que el caso Skanska comenzó a investigarse en el fuero federal, los recientes procesamientos de dos ex funcionarios kirchneristas y el llamado a indagatoria de un secretario de Estado lucen necesarios, pero extremadamente tardíos.

El caso Skanska fue el primer hecho de corrupción conocido que afectó seriamente al gobierno de Néstor Kirchner. Consistió en el presunto pago de coimas y de abultados sobreprecios para las obras de ampliación de los gasoductos, realizadas en 2005.

La primera investigación, y la única llevada a cabo con precisión y celeridad, estuvo a cargo del juez en lo penal tributario Javier López Biscayart. Este magistrado investigaba una gigantesca maniobra de evasión impositiva mediante el empleo de facturas falsas que creaba una empresa fantasma, cuando descubrió que la constructora sueca Skanska había recurrido a algunas de esas facturas para pagar lo que, en principio, parecían coimas a funcionarios vinculados con las obras de los gasoductos.

Cuando se encontraba avanzado el sumario de López Biscayart, se abrió una investigación paralela en el fuero federal, en 2007, para investigar el papel de funcionarios del gobierno, como el entonces titular del ente estatal Enargas, Fulvio Madaro, y del titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. La ampliación de los gasoductos, supervisada por el Enargas, se realizó mediante un fideicomiso.

El fiscal federal Carlos Stornelli le imprimió un fuerte impulso al expediente que chocó con la parsimonia del entonces juez federal Guillermo Montenegro, hoy ministro de Seguridad en el gobierno de la ciudad.

La investigación de Stornelli permitió descubrir que un esquema de presunta corrupción similar al empleado en los gasoductos se repetía en otras obras públicas.

Además, con documentación aportada por los diputados Adrián Pérez y Esteban Bullrich, correspondiente a una serie de comunicaciones entre Transportadora Gas del Norte (TGN) y Fulvio Madaro, pudo saberse que TGN había protestado enérgicamente ante el Enargas porque las empresas constructoras, Skanska, entre ellas, cotizaban precios extremadamente altos para la ampliación del Gasoducto Norte. Se trataba de los sobreprecios del caso, un negociado muy superior y más grave que el de las coimas. La respuesta de Madaro fue que, pese a todo, se hicieran las obras.

Luego, una investigación de La Nacion mostró que, además de aquellos sobreprecios del inicio, existieron otros al término de las obras.

Todo este material se encontraba en la causa del fuero federal desde 2007 y, en mayo de aquel año, el fiscal Stornelli pidió las indagatorias de Madaro, Ulloa y también del secretario de Energía, Daniel Cameron, pues cada decisión que adoptaba Madaro se la comunicaba por escrito a su superior inmediato, Cameron.

Más adelante, Stornelli solicitó licencia para asumir como ministro de Seguridad bonaerense y Montenegro renunció como juez para integrar el gabinete de Mauricio Macri en la ciudad. La causa quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide, quien pareció condenarla a una suerte de limbo hasta que, hace pocos días, procesó a Madaro y Ulloa y, tres años y medio después del pedido de Stornelli, citó a indagatoria a Cameron, quien de esta manera se convertirá en el funcionario de mayor jerarquía que deberá someterse al interrogatorio judicial en este caso. Cameron, igual que Madaro antes, integra el todopoderoso Ministerio de Planificación cuyo titular es Julio de Vido.

Dada su conocida condición de juez proclive a satisfacer las necesidades del kirchnerismo, la extrema lentitud mostrada por Oyarbide en esta causa sumamente sensible para el Gobierno permite sospechar con el debido fundamento que la falta de acción no obedeció a las dificultades de la prueba, por más que haya sido necesario realizar peritajes sobre los costos de las obras.

Las demoras y las marchas y contramarchas en sonados casos de corrupción son viejos recursos que emplea la justicia federal para proteger a los dueños siempre provisorios del poder político. A medida que pasan los años, la memoria de los testigos flaquea, las pruebas documentales corren mayor riesgo de extraviarse y, luego de quince años aproximadamente - lapso promedio que demora en la Argentina la sustanciación de expedientes de estas características- puede llegarse al juicio oral con algunos de los imputados ya fallecidos o con delitos prescriptos, como ha ocurrido en el caso del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

Por todo esto es que las tardías decisiones de Oyarbide no deben calificarse de avances, ni siquiera de un intento de saldar una deuda con una sociedad enervada por la corrupción. Pudiendo estar debidamente fundamentadas, su carácter tan extemporáneo las convierte en algo parecido a una burla.